El arbitraje ha sido un pilar esencial para la resolución de conflictos comerciales y de inversión en Perú, especialmente en un contexto de globalización y acuerdos internacionales. Sin embargo, recientes decisiones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) han encendido las alarmas sobre el futuro de este mecanismo, que podría verse afectado por un nuevo intento de intervención de acuerdo a un comunicado que están haciendo público gremios (CCL, PeruCámaras, Comex, AMCHAM, Afin, Sociedad de Pesquería y las Cámaras de Comercio de Arequipa y Piura) y centros de arbitraje. Este escenario pone en riesgo no solo la seguridad jurídica, sino también la estabilidad de las inversiones que tanto necesita el país para su desarrollo económico.

En el año 2008, Perú adoptó la Ley de Arbitraje (Decreto Legislativo 1071) con el objetivo de facilitar la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y alinearse con los estándares internacionales sobre arbitraje comercial. Este marco legal tiene como base acuerdos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 y la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975. Gracias a esta ley, Perú se ha consolidado como un destino atractivo para inversiones extranjeras, ya que ofrece un mecanismo confiable y eficiente para resolver disputas comerciales sin recurrir al sistema judicial tradicional.

Sin embargo, en mayo de 2024, el Ministerio de Justicia creó un Grupo de Trabajo Multisectorial con la finalidad de revisar y mejorar la normativa que regula el arbitraje en Perú. Este grupo, compuesto tanto por representantes del sector público como privado, llegó a la conclusión de que no era conveniente modificar la Ley de Arbitraje, ya que la misma debía seguir manteniendo los estándares internacionales que la sustentan. Además, se propuso una normativa especial para los arbitrajes en los que el Estado peruano es parte, con el objetivo de equilibrar los intereses del gobierno y el sector privado.

Sin embargo, apenas cuatro meses después, el MINJUSDH creó un nuevo Grupo de Trabajo Multisectorial, esta vez con una mayoría de funcionarios públicos, para revisar nuevamente la misma legislación. Este giro inesperado ha generado incertidumbre, ya que muchas instituciones y empresas privadas, que anteriormente colaboraron en el trabajo del grupo anterior, consideran que esta nueva intervención no solo es innecesaria, sino que podría socavar la confianza en el sistema arbitral y la estabilidad jurídica del país.

En este contexto, diversas instituciones han expresado su preocupación y han instado al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, a reconsiderar esta nueva intervención en el sistema de arbitraje. Las instituciones firmantes enfatizan que el arbitraje ha sido un instrumento fundamental para el crecimiento económico y la garantía de las inversiones en Perú durante los últimos 30 años. Además, recalcan que el sistema arbitral tiene un respaldo constitucional y que su estabilidad es crucial para el desarrollo del país en el futuro.

La intervención del Ministerio de Justicia en el arbitraje podría tener efectos negativos tanto para las inversiones extranjeras como para la seguridad jurídica de los ciudadanos y empresas peruanas. El llamado es claro: se debe preservar la independencia y estabilidad del arbitraje como herramienta fundamental para la resolución de conflictos. Un sistema confiable y transparente es lo que garantiza que las inversiones sigan fluyendo, asegurando el desarrollo económico del país.