En un video enérgico dirigido a la comunidad de ingenieros colegiados del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), Fernando Cillóniz Benavides, candidato al Decanato del Consejo Departamental de Lima, denunció la exclusión arbitraria de su candidatura por parte del Tribunal Electoral Nacional. Este episodio no solo pone en tela de juicio la integridad institucional, sino que también tiene profundas implicancias económicas que afectan a la profesión y a la confianza en las instituciones peruanas.

Cillóniz afirmó: “Estas acciones son una muestra clara de prácticas corruptas que no solo afectan mi postulación, sino que también ponen en peligro la integridad y legitimidad de toda la institución”. Este tipo de corrupción electoral puede tener un efecto dominó en la economía, ya que la falta de transparencia y ética en las instituciones profesionales desincentiva la inversión y la innovación. La confianza en las organizaciones es esencial para el desarrollo económico, y cualquier erosión de esta confianza puede llevar a una reducción en la productividad y en la eficiencia del sector.

El fenómeno observado responde a la teoría de las instituciones y el desarrollo económico, que postula que instituciones sólidas y transparentes son fundamentales para el crecimiento económico sostenible. La exclusión de Cillóniz, calificada por él como “leguleyadas arbitrarias”, refleja una degradación institucional que puede disuadir a profesionales talentosos de contribuir plenamente a la economía. La corrupción no solo afecta la moral de los miembros del CIP, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de los servicios que estos ingenieros pueden ofrecer a la sociedad.

Para mitigar estos efectos, es crucial implementar medidas de transparencia y rendición de cuentas dentro del CIP. Se recomienda la adopción de políticas anti-corrupción, la creación de comités de vigilancia independientes y la promoción de una cultura de ética profesional. Además, fomentar la participación activa de los ingenieros en los procesos electorales y en la supervisión institucional puede fortalecer la democracia dentro de la organización. Al garantizar procesos más justos y transparentes, se refuerza la confianza de los miembros y se promueve un ambiente propicio para el desarrollo profesional y económico.

Este caso también se alinea con los Estándares GRI (Global Reporting Initiative), específicamente el GRI 205: Anti-Corrupción, que exige a las organizaciones reportar sobre sus políticas y prácticas para prevenir la corrupción. La denuncia de Cillóniz resalta la necesidad de que el CIP adopte estos estándares, promoviendo una mayor transparencia y ética en su gestión electoral. Cumplir con estos estándares no solo mejora la reputación institucional, sino que también contribuye a un entorno económico más sostenible y justo.

Es momento de reflexionar sobre la importancia de la transparencia y la ética en nuestras instituciones. Invitamos a todos los ingenieros y ciudadanos a exigir procesos electorales justos y a participar activamente en la defensa de nuestros valores profesionales. ¡Alcemos la voz y defendamos la integridad de nuestras instituciones para un futuro económico más sólido y democrático!