El reciente informe de la Misión Internacional de Observación (MIO-Perú) ha puesto en el centro del debate la transparencia y eficiencia en el proceso de selección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), una institución crucial para el fortalecimiento del Estado de derecho en el Perú. La misión, conformada por expertos internacionales en justicia, transparencia y anticorrupción, advirtió que las irregularidades en este proceso no solo comprometen la legitimidad de la JNJ, sino que también representan un riesgo para el desarrollo económico del país.

La MIO-Perú, inspirada en experiencias previas exitosas en países como El Salvador, México y Honduras, tiene como objetivo observar y evaluar el proceso de selección de los miembros de la JNJ para asegurarse de que cumpla con los estándares internacionales de independencia judicial, transparencia y acceso a la información. En el informe presentado el 23 de octubre de 2024, los expertos señalaron que el proceso de selección ha mostrado graves deficiencias desde el inicio, lo que amenaza con socavar la independencia del sistema de justicia peruano.

Según Jaime Arellano, exdirector ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), la selección de los integrantes de la JNJ no ha cumplido con los estándares internacionales esperados. “La falta de transparencia en las etapas clave del proceso, desde la evaluación curricular hasta las entrevistas personales, debilita la legitimidad de la Junta y crea incertidumbre sobre la idoneidad de sus miembros,” señaló Arellano.

Fallas críticas en el proceso de selección

El informe de la MIO-Perú destacó tres fallas fundamentales en el proceso de selección que aún podrían corregirse:

1. Falta de transparencia activa: Desde el inicio del proceso, no se ha garantizado un acceso amplio a la información pública, limitando la capacidad de escrutinio por parte de la sociedad civil y los medios de comunicación. La misión observó que la Comisión Evaluadora (CE) no permitió la publicación de documentos claves, como las tachas y denuncias presentadas contra los postulantes, ni los descargos realizados por estos. Además, no se divulgaron los conflictos de interés, lo que plantea serias dudas sobre la integridad del proceso.

2. Insuficiente participación de perfiles idóneos e inclusivos: A diferencia del proceso de 2019, donde hubo 150 postulantes, este año solo se presentaron 51, de los cuales solo 8 fueron mujeres. La falta de difusión de la convocatoria, sumada a las acusaciones constitucionales contra los actuales miembros de la JNJ y los proyectos de reforma para eliminarla, desmotivó la participación de perfiles calificados y de grupos históricamente marginados, como las comunidades campesinas y pueblos originarios.

3. Deficiencias en los procedimientos de evaluación: La MIO-Perú también criticó la falta de protocolos claros para la evaluación de los candidatos. La evaluación curricular se centró excesivamente en aspectos cuantitativos, sin considerar adecuadamente las competencias y experiencias relevantes para el cargo. Las entrevistas personales, que representaron el 40% de la puntuación total, se realizaron sin criterios uniformes, lo que permitió un trato desigual entre los postulantes.

Estas fallas, según los expertos, aún pueden corregirse, pero el tiempo apremia. La MIO-Perú ha recomendado la implementación de medidas urgentes para asegurar que el proceso de selección cumpla con los estándares internacionales, entre ellas: mayor transparencia, publicidad de las sesiones, una difusión más activa de la convocatoria y el diseño de protocolos claros y objetivos para la evaluación de los candidatos.

El impacto económico de un sistema judicial débil

Más allá de las implicancias políticas, las deficiencias en el proceso de selección de la JNJ tienen un impacto directo en el desarrollo económico del Perú. Un sistema judicial sólido y confiable es fundamental para atraer inversiones y fomentar el crecimiento de las empresas. La incertidumbre generada por un sistema judicial percibido como ineficiente o corrupto desalienta la inversión privada, tanto nacional como extranjera, afectando la competitividad del país.

Jaime Arellanosubrayó que la justicia no es solo una cuestión de abogados, sino una base para la estabilidad económica. “Cuando las empresas sienten que no tienen acceso a un sistema judicial justo y rápido, pierden confianza en las instituciones y eso se traduce en menor inversión, menos empleos y un crecimiento económico más lento,” explicó.

Un ejemplo práctico de cómo afecta esto a los negocios es la resolución de conflictos comerciales. En un entorno donde los jueces y fiscales son seleccionados por criterios dudosos, los empresarios podrían enfrentarse a procesos largos y costosos, lo que genera pérdidas económicas significativas y afecta la operatividad de sus empresas.

Recomendaciones clave para la JNJ y su impacto en la estabilidad económica

La MIO-Perú ha emitido una serie de recomendaciones para corregir el rumbo del proceso de selección de la JNJ, entre las que destacan:

- Aumentar la transparencia y publicidad de todas las fases del proceso.

- Garantizar la participación de perfiles idóneos, inclusivos y representativos de la diversidad del país.

- Diseñar una metodología de evaluación integral, que no solo considere aspectos cuantitativos, sino también cualitativos.

- Establecer criterios objetivos y claros para la evaluación de los candidatos, reduciendo la discrecionalidad y asegurando un trato igualitario.

Si estas recomendaciones se implementan, se fortalecerá no solo la independencia judicial, sino también la estabilidad económica del Perú, brindando un entorno más seguro para el crecimiento empresarial y la inversión.

Un llamado a la acción

La transparencia en el proceso de selección de la JNJ no es solo una cuestión legal, es un asunto que afecta a toda la sociedad, incluidos los empresarios y emprendedores. El desarrollo económico del Perú depende en gran parte de la confianza en sus instituciones, y la justicia es uno de los pilares más importantes. Por ello, es vital que se realicen los ajustes necesarios para garantizar que la JNJ cumpla con su rol de manera justa, transparente y eficiente.

Como concluye Arellano: “El futuro económico del Perú depende de que tengamos un sistema judicial en el que todos podamos confiar. Si no corregimos ahora estas deficiencias, los costos para el país, en términos de desarrollo y bienestar, serán muy altos.”