El reciente proyecto de ley para la creación del Ministerio de Infraestructura ha sido presentado como una respuesta urgente a la necesidad de mejorar la gestión de las obras públicas en el país. Según el proyecto, este nuevo ministerio tendría la responsabilidad de planificar, coordinar, formular, ejecutar y supervisar la infraestructura pública a nivel nacional, con un enfoque en brindar servicios públicos de calidad, eficiencia y sostenibilidad. Sin embargo, este ambicioso plan parece estar cargado de promesas vagas y sin un fundamento claro sobre cómo se lograrán los objetivos propuestos.

En el Mensaje a la Nación del 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte destacó la necesidad de crear este ministerio como un medio para cerrar las brechas de infraestructura en el país. Sin embargo, el mensaje carece de detalles específicos sobre los mecanismos y recursos que se destinarán para evitar la paralización de obras, un problema endémico en el Perú debido a la falta de permisos, conflictos sociales y eventos climáticos. La propuesta incluye la absorción de varias entidades, como la Autoridad Nacional de Infraestructura y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, entre otras, lo cual plantea interrogantes sobre la capacidad de este nuevo organismo para gestionar eficientemente una gama tan amplia de proyectos.

Otro aspecto preocupante es la falta de claridad sobre la financiación y la autonomía real del nuevo ministerio. Aunque se establece que contará con personería jurídica de derecho público y autonomía administrativa, económica, funcional y técnica, no se especifican claramente los recursos adicionales que se necesitarán ni cómo se evitará que el nuevo ministerio se convierta en una burocracia más sin resultados tangibles. En un contexto donde la confianza en el sector público es baja debido a la ineficiencia y corrupción, la creación de un ministerio adicional podría ser vista como una medida desesperada para mostrar acción sin resolver los problemas estructurales subyacentes.

Además, existe una preocupación legítima sobre la posible duplicación de funciones y la falta de coordinación con los gobiernos regionales y locales. Sin una estrategia clara de descentralización y cooperación, el nuevo ministerio podría enfrentarse a las mismas barreras burocráticas que han obstaculizado proyectos anteriores. La centralización de decisiones en Lima puede ignorar las necesidades específicas de las regiones, perpetuando desigualdades y retrasando el desarrollo en áreas que más necesitan inversión en infraestructura.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué cambios estructurales propone el nuevo Ministerio de Infraestructura?

El proyecto de ley propone la creación de un ministerio que absorba varias entidades relacionadas con la infraestructura, como la Autoridad Nacional de Infraestructura y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa. El objetivo es centralizar la planificación, coordinación, formulación, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura a nivel nacional.

2. ¿Cómo se financiará el nuevo Ministerio de Infraestructura?

Aunque se menciona que el ministerio tendrá autonomía económica, el proyecto de ley no detalla los recursos específicos que se destinarán ni cómo se gestionarán los fondos. Este aspecto ha sido criticado por la falta de claridad y transparencia en la propuesta.