Arranquemos con el indicador. El Indice Global del Hambre, conocido como IGH, es una herramienta mundial. No es un invento peruano o de algún político de turno que quiera golpear al gobierno. Su resultado es tan esperado porque nos revela de una manera cruda la situación mundial analizando el hambre de manera nacional, regional o global.

Así analiza las tras dimensiones del hambre: la subalimentación, es decir que comes pero la cantidad de calorías son insuficientes para lograr una buena alimentación, la desnutrición infantil y la mortalidad infantil. Para armar esta cifra global por lo tanto se observa la proporción de la población que esta subalimentada, el porcentaje de menores de cinco años que presentan bajo peso para la estatura que deben tener (indicador de desnutrición aguda), retraso en el crecimiento infantil (baja estatura para la edad, lo cual es indicador de desnutrición crónica) y la tasa de mortalidad de los menores de cinco años.

En el caso peruano el bendito IGH nacional del 2020 se situó en 17 puntos lo que significó para el país un retroceso de seis años. Apurímac (29,9), Huancavelica (24,1), Ucayali (23,6), Loreto (23,3), Huánuco (22,6), Ayacucho (22,1) y Cusco (20,5) son los departamentos donde más se siente hambre en el país. Ellos se ubican en la escala de grave.

Las zonas urbanas comienzan a ser cercadas por el hambre. El COVID-19, las ineficientes políticas sociales y la crisis política que ya parece endémica nos ha pasado factura. En estos espacios el IGH pasó de 14,3 (pre covid) a 16 (en pandemia). Esto ha significado de acuerdo a los investigadores un retroceso de 12 años en materia alimentaria.

Recordemos las cuarentenas encerrados y nuestra endeble economía formal. La mayoría de los ingresos diarios provienen de actividades informales en las cuales se traducía que quien no chambeaba no comía. Eso ha sido capturado en la investigación. 

En el área rural el IGH también se elevó, pasó de 19,1 en el 2019 a 19,3. El cambio no ha sido tan severo como en las ciudades, pero de todas maneras ha significado un dos años pérdidos. 

¿Qué podría esperarse para este 2021? Nada bueno. Los investigadores señalan que en el escenario más positivo, el IGH no estará mejor al reportado en el 2019 dado que si bien en los primeros trimestres del 2021 la economía experimento un rebote, este ya se desinflo gracias a la crisis política, sanitaria y el contexto inflacionario global. Todo esto carcome el poder adquisitivo de las personas.

Los escenarios analizados por el informe observan que en el área urbana se espera una mejora  y que ningún IGH supere lo alcanzado en el 2020, dado que es posible una reactivación económica. 

Los problemas vienen por la zona rural, que ya de por si tiene indicadores altos. En estos espacios, la población podría tener un escenario moderado y grave de hambre, esto obliga a que los gobiernos nacionales y regionales pongan especial interés en esta población, que además esta más expuesta a desastres naturales y cambios climáticos.

Tanto Apurímac como Loreto requieren una mirada especial. Ambos departamentos se encuentran en la escala de gravedad de IGH como grave. Los dos tienen actividades estratégicas para la región paralizadas, y por lo tanto enfrentan altos niveles de incertidumbre.

¿Cómo combatir ésta crisis que se observa? Los investigadores nos dan dos puntos de vista importantes a tomar en cuenta.

El sector privado en su sentido amplio (empresa, sociedad civil, iniciativas individuales, organizaciones, etc.) es de vital importancia en este proceso para complementar, potenciar o mejorar la acción pública en favor del bienestar social. Las organizaciones e iniciativas (ollas comunes, atención comunitaria, clubs, etc.) desde las mismas poblaciones afectadas han demostrado una respuesta rápida y eficaz ante las pérdidas económicas generalizadas, y han reducido los impactos severos de los choques adversos sobre la economía, la salud y la alimentación.

Los avances futuros, por tanto, en términos del hambre en el país y en el mundo no dependerán solamente de esfuerzos locales, sino también de la participación de otros actores tanto de la sociedad civil, los Estados, organismos internacionales, instituciones privadas y, por supuesto, la participación activa de la comunidad y los pueblos originarios como los principales agentes de cambio de sus entornos territoriales y culturales que conlleven a sociedades más justas, desarrolladas y responsables del medio ambiente.