Algo que me preocupa, sinceramente es el dinero. ¿De dónde saldrá si las empresas formales se van de las zonas? La riqueza de recursos está allí, ¿quien asegura que no lleguen informales?, tal como sucede en la altura, cuando una empresa minera formal se retira y llegan los mineros ilegales a explotar a (literalmente) a lo bestia la tierra. ¿Podrán evitar el avance si hoy no podemos más que apagar amagos de incendio en zonas de minería ilegal en áreas evidentemente tomadas en Madre de Dios?

Volvamos al tema del dinero. Durante el 2014, el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, instaló el comité de seguimiento del fondo de compensación a los pueblos indígenas en contacto inicial de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN) por las actividades extractivas desarrolladas en la zona. ¿No es suficiente? ¿No funcionó? Sino fue así, ¿qué pasó?

En dicha reunión de instalación, quedó claro que el más grave problema que habían enfrentado los pueblos indígenas había sido la burocracia. Salvado ello, se indica que la compensación económica ascendía a US$ 4 millones 104 mil dólares, monto que será destinado a acciones específicas relacionadas con la seguridad alimentaria, la protección de la vida y la salud y otros derechos fundamentales de la población en contacto inicial así como medidas de protección en beneficio de los pueblos indígenas de la Reserva Territorial.

La norma que se plantea en el Congreso, tiene esa especie de pecado original. Como no funciona A durante mi gestión, mejor no lo reparo y creo B. Ese tipo de criterio, nos ha llevado a todos los peruanos, a convivir con un Estado enorme, burocrático y lleno de instancias que no llegan a nada, convirtiéndose en una pesadilla cuando se requiere hacer algún trámite. 

Las comunidades nativas de Loreto y Ucayali y de otras regiones del país temen por los efectos que tendrá sobre sus actividades económicas y la titularidad de sus tierras, la propuesta aprobada por la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República que busca declarar de “intangibilidad absoluta y permanente”, las reservas indígenas.

Con esta norma no sólo las empresas de hidrocarburos se ven amenazadas, sino también todas las actividades económicas, hecho que pone en entre dicho la titularidad de las tierras, dado que de aprobarse la norma existiría una  “intangibilidad absoluta y permanente”.

Hoy existe una superposición entre  las actuales reservas indígenas así como  las propuestas con los proyectos de hidrocarburos en etapa de exploración y explotación, tal como sucede en el caso de Camisea, de donde proviene el 40% de la producción energética del país. En ésta zona es clara la superposición, dado que en la zona de producción y transito, existen  comunidades nativas asentadas desde hace decenas de años en los territorios que hoy ocupan.

“Toda mi vida he estado en Urbina. Caminamos semanas en el monte y nunca hemos visto ni oído de los no contactados. No hay evidencia, no sé de dónde sacan y la verdad me molesta porque quieren proteger a fantasmas que no existen y perjudicar a los que vivimos aquí, anulando nuestro derecho de explotación de los recursos naturales y desarrollo”, dice el apu de Urbina, Henry García, quien vive  con sus padres, esposa y su hijo de 15 años, a quien prometió estudios universitarios.

Es un territorio rico en recursos naturales y de eso viven sus habitantes, que se dedican a la caza de animales como el sajino, majás, venado, trompeteros y otras aves, así como a la pesca y al aprovechamiento de productos madereros.

Para llegar al hogar del Apu se debe viajar ocho días en lancha desde la ciudad de Iquitos y está a cuatro horas de la frontera con Ecuador. Urbina, Flor de Coco, Buena Vista, Shapajal y Bolívar son comunidades nativas sobre las cuales se ha propuesto crear una nueva reserva, pese a que no existen estudios sólidos sobre la existencia de PIACI en estas áreas.

La presencia del Estado es escasa, pero ellos han podido salir adelante con sus actividades económicas que les han permitido acceder a internet, electricidad, agua, construir un colegio y una posta médica, donde ellos mismos pagan el servicio de un técnico de enfermería. El Estado, subraya el Apy, solo se hace presente con los maestros y alimentos del programa escolar Qali Warma.

Henry García cuenta que, si se declara la intangibilidad absoluta y permanente de esta zona, solo van a poder utilizar los recursos para consumirlos, pero no para comercializarlos. “Entonces, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a mantener a sus nuestros hijos, educarlos? ¿De dónde vamos a sacar para comprar ropa?”, se pregunta junto a un grupo de comuneros, a través de una videollamada. Todos portaban pancartas rechazando la iniciativa.

A lo dicho por García se suma la apu de Flor de Coco, Pilar Cabrera, quien afirma que “esto es un abuso y un atropello. Requerimos ser escuchados y que no se vulneren nuestros derechos. Nosotros afirmamos no haber visto a los PIACI, la gente que trabaja en la caza, en la pesca, en el monte, donde se internan de 10 a 20 días, no tiene rastro de ellos. Quién más que nosotros que conocemos la zona… Nadie nos preguntó” y además advierte, “el 95 por ciento de nuestra población es de la etnia arabela, que cuando se siente atacada actúa. Hemos salido de las cuevas, donde no sabíamos qué era el jabón ni el fósforo. Si esto continúa, van sacar nuestro lado más salvaje”.

El apu Oseas Barbarán y líder de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), organización nacional que representa a más de 800 comunidades nativas amazónicas, organizadas en unas 40 federaciones, indica que, más allá si están de acuerdo o no, para tomar una decisión se les debe tener en cuenta.

“El 26 de mayo enviamos una carta a la comisión del Congreso en la que pedimos participar en las sesiones para poder hacer llegar nuestra preocupación, sugerencias y recomendaciones para la defensa de los derechos colectivos de nuestros pueblos, considerando que nuestra organización también participa de manera activa representando y defendiendo los derechos del pueblo de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nantis”, explica. Ese día se aprobó el dictamen, pero no los invitaron.

Las comunidades están ubicadas en zonas alejadas en diferentes regiones, los habitantes de Loreto y de Ucayali, por ejemplo, no se conocen y son de diferentes etnias, pero coinciden en que esta ley que se pretende aprobar, se viene haciendo a espaldas suyas, sin tomarlos en consideración y poniendo en riesgo su desarrollo económico y social.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló que es importante proteger a las poblaciones indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial  y a la vez, de apoyar a la reactivación económica de las comunidades amazónicas que residen en las reservas o áreas de amortiguamiento. 

El director ejecutivo de la SNMPE, Pablo de la Flor informó que ya existe una ley desde el año 2006 que protege a las PIACI y que garantiza el no contacto con estas.

“El dictamen sobre el proyecto de ley 4044 aprobado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso, no solo resulta innecesario, sino que, al prohibir todo tipo de actividad económica en los territorios de las reservas y sus zonas de amortiguamiento, cierra las oportunidades de desarrollo para las otras comunidades que residen en este amplio territorio”, comentó.

Agregó que se busca modificar la ley PIACI del año 2006 por otra norma similar (proyecto de ley 4044) sin haberse realizado un análisis técnico y desconociendo así que ya la Ley 28736 establece con claridad todas las medidas tendientes a resguardar la salud e integridad de los PIACI. 

Respecto a la emergencia por la pandemia usada por la Comisión Parlamentaria como excusa para la modificación normativa, -añadió De La Flor- que el gobierno emitió el Decreto Legislativo 1489 que fija medidas adicionales de protección para los pueblos indígenas, encargando a los Ministerios de Cultura y Salud desplegar las acciones necesarias para velar por la salud de este sector de la población.

“El DL 1489 también reafirma la protección de los PIACI asegurando el no contacto, por lo tanto, la causa que motiva el proyecto de ley 4044 no existe”, afirmó Pablo de la Flor, al explicar que las empresas del sector hidrocarburos no están desarrollando ninguna actividad que implique contacto con dichas poblaciones, conforme lo establecen las normas y sus protocolos sanitarios aprobados por los Ministerios de Salud (Minsa) y de Energía y Minas (Minem).

Lo que nos preocupa –subrayó De La Flor- es que de aprobarse el dictamen recaído sobre el proyecto de ley 4044 en el pleno del Congreso, se estaría descartando el desarrollo de cualquier actividad económica y de infraestructura, así como del aprovechamiento de los recursos naturales, dado que se declararían intangibles las reservas y territorios donde se ubican los PIACI.

“Proteger los derechos y la salud de los PIACI no debe significar condenarlos a vivir postergados y sin tener opciones de desarrollo que les permitan mejorar su calidad de vida. Esa es la disyuntiva que no han considerado algunos congresistas que sólo promueven leyes con un claro afán de protagonismo político en contra de los intereses de las propias comunidades y del país en su conjunto”, aseveró Pablo de la Flor.

En ese contexto, indicó que causa extrañeza que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, cuya función primordial es la de dictaminar iniciativas legislativas vinculada a los Derechos Humanos, pretenda inhibirse de analizar este proyecto de ley que fue aprobado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, más aún por su impacto en las normas constitucionales y legales del país.

El representante de la SNMPE sostuvo que otro alcance del proyecto de ley que alarma es la prohibición del ingreso de las empresas a las reservas para desarrollar sus actividades productivas, no obstante señalar demagógicamente que la norma supuestamente consagra el respeto de los contratos existentes. 

Asimismo, el proyecto autorizaría al Poder Ejecutivo a revisar y modificar los contratos, situación que generará gran inseguridad jurídica, pues se vulneraría el artículo 62 de la Constitución, según el cual los contratos sólo pueden ser modificados por acuerdo de todas las partes involucradas.

Este tipo de proyectos de ley –manifestó- atentan contra el Estado unitario, que de acuerdo al artículo 66 de la Carta Magna, es el soberano del aprovechamiento de los recursos naturales, y quien debe establecer que proyectos se requieren y son necesarios implementar en favor del desarrollo del país.

“Si el dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos es aprobado por el pleno del Congreso, se afectará gravemente la seguridad energética del país porque no podrán seguir operando importantes yacimientos de gas natural ubicados en la selva peruana; y no sería posible otorgar la concesión de Siete Regiones que tiene como finalidad llevar el gas natural a los hogares de las zonas alto andinas y cuya buena pro esta prevista otorgarse en tres meses”, explicó.

Igualmente, anotó, se frustraría la licitación del Sistema Integrado de Transporte – SIT (ex Gasoducto del Sur). Ambos proyectos son necesarios para lograr la tan ansiada masificación del gas natural a nivel nacional que es un clamor de las regiones del centro y sur del país”, refirió.