La Asociación Independiente de Inmobiliarias (AII), alerta que de aprobarse en segunda votación la iniciativa de Ley Nº 1112-2016 se reduciría en 14% la oferta actual de vivienda social, toda vez, que al elevarse su valor ya no calificarían dentro de los parámetros establecidos por Mivivienda, impactando de forma directa en miles de familias que ya no podrán ingresar al beneficio del Bono del Buen Pagador. 

Añade que además bloquearía el acceso a los préstamos hipotecarios para las familias más pobres, debido a que con el alza promedio de 27 sueldos mínimos en el valor de las viviendas ya no calificarían como sujetos de crédito en las entidades financieras, condenándolas a la informalidad.

La propuesta además desalienta de forma directa las inversiones, y según los primeros cálculos, el impacto negativo llegaría a los US$ 8 mil millones en los próximos cinco años, lo que significaría que 160 mil obreros de construcción se queden sin trabajo y 480 mil trabajadores de actividades asociadas se verían gravemente perjudicados.

Para evitar todas estas pérdidas económicas y sociales, sobre todo a las familias que buscan acceder a una vivienda, el Congreso la AII señala que se debería acoger el texto sustitutorio ya presentado al Pleno que propone que dicho “aporte” mínimo del 8% de unidades se aplique sobre los proyectos inmobiliarios que se desarrollen en terrenos estatales, tal y como lo señalan los artículos 4º y 5º de dicho proyecto de ley. 

"El Estado debe asegurar que tales proyectos se ejecuten en zonas cercanas a donde residen los damnificados, dado que está demostrado que éstos son renuentes a trasladarse a zonas lejanas, debido a que esta mudanza termina por empobrecerlas más", añade la institución. 

En conclusión, el proyecto de ley estaría destinado a atender una demanda inexistente, perjudicando a miles de familias que aspiran a una vivienda propia.

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La presente nota ha sido elaborada gracias a la información enviada mediante nota de prensa de la Asociación Independiente de Inmobiliarias